Un acuerdo prenupcial puede no generar problemas durante años. Pero cuando comienza un divorcio, la situación cambia: las condiciones acordadas antes de la boda pueden afectar directamente los bienes y los intereses financieros de los cónyuges.

Entonces surge la pregunta: ¿se puede dejar sin efecto el acuerdo si sus condiciones ya no resultan aceptables?

El simple descontento con el acuerdo no es suficiente.

En Florida, los fundamentos para impugnar un acuerdo prenupcial están establecidos en Florida Statutes § 61.079. El acuerdo debe constar por escrito y estar firmado por ambas partes. Sin embargo, las firmas por sí solas no significan que el documento no pueda ser impugnado.

Por ejemplo, importa si la decisión fue voluntaria. La ley también permite cuestionar la validez del acuerdo si fue resultado de fraude, presión, coacción u otra conducta indebida.

Por eso, en una disputa puede ser necesario volver a los hechos ocurridos antes de la boda: cómo se preparó el acuerdo, en qué circunstancias se firmó y qué información tenía cada parte.

Cuándo las condiciones del acuerdo prenupcial pueden dar lugar a una disputa

El hecho de que, años después, el acuerdo resulte muy desfavorable para uno de los cónyuges no lo convierte automáticamente en inválido.

La ley analiza la situación de manera más amplia.

Importan las condiciones del acuerdo al momento de su firma y el grado en que las partes conocían la situación financiera de la otra persona. Esto puede incluir información sobre los activos y las obligaciones del futuro cónyuge.

Si una de las partes no recibió una divulgación financiera suficiente, ese hecho puede ser relevante. Sin embargo, esa circunstancia por sí sola no siempre basta.

La persona podía conocer ya la situación financiera de su pareja o haber renunciado por escrito a recibir información adicional. Por eso, las circunstancias de la firma suelen evaluarse en conjunto y no únicamente a partir de un documento faltante o de una lista incompleta de activos.

Aquí suele estar la diferencia entre un acuerdo simplemente desfavorable y una situación en la que realmente existen fundamentos para cuestionar su validez.

¿Se puede cancelar un acuerdo prenupcial después de la boda?

Si ambos cónyuges están de acuerdo, sí.

Después del matrimonio, el acuerdo puede modificarse o revocarse. Pero el cambio debe hacerse por escrito y estar firmado por ambas partes. Este requisito está previsto en Florida Statutes § 61.079(6).

Un acuerdo verbal para dejar de cumplir una determinada cláusula no es suficiente.

Tampoco funciona una cancelación unilateral. Un cónyuge no puede simplemente declarar que el acuerdo anterior ya no tiene efecto.

Si no se llega a un acuerdo, queda otra vía: determinar si existen fundamentos legales para impugnarlo.

Por qué el texto del acuerdo puede no ser suficiente

Durante un divorcio, la disputa puede comenzar por una cláusula concreta: un cónyuge pide que se aplique, mientras que el otro sostiene que todo el acuerdo prenupcial, o algunas de sus disposiciones, no deben determinar el resultado.

En esa situación, el documento en sí es solo una parte de la evidencia.

También pueden ser relevantes versiones anteriores del acuerdo, correspondencia, documentos sobre bienes y deudas, información intercambiada antes de la firma y otros materiales.

Esto es especialmente importante cuando las versiones de las partes son distintas. Una persona puede afirmar que firmó bajo presión o sin conocer la verdadera situación financiera del futuro cónyuge. La otra puede sostener que las condiciones se discutieron con antelación y que la decisión fue completamente voluntaria.

Por eso, una disputa sobre un acuerdo prenupcial a menudo termina analizando cómo se creó el acuerdo, y no solo lo que aparece en su versión final.

Los cambios en la situación financiera después de la boda, la aparición de nuevos bienes o el hecho de que el acuerdo haya pasado a ser desfavorable no lo cancelan por sí solos.

Pero si las circunstancias de su firma encajan en los fundamentos previstos en Florida Statutes § 61.079, el tribunal puede analizar la validez del acuerdo.

En una disputa sobre un acuerdo prenupcial, un abogado de derecho de familia en Florida puede evaluar no solo sus condiciones, sino también los documentos, la información financiera y las circunstancias de la firma para determinar si existen fundamentos legales para impugnarlo.

No es raro que uno de los cónyuges quiera divorciarse y el otro se niegue a aceptarlo. Una persona puede decir directamente que no firmará nada. Otra puede ignorar mensajes y documentos judiciales, esperando así detener el proceso.

En Florida, esto no impide la disolución del matrimonio.

Florida aplica un sistema de divorcio sin atribución de culpa (no-fault divorce). Para solicitar el divorcio no es necesario demostrar adulterio, crueldad u otra conducta culposa del esposo o la esposa. Uno de los fundamentos previstos por la ley es que el matrimonio esté irretrievably broken, es decir, irremediablemente roto. Esto está establecido en Florida Statutes § 61.052.

Por lo tanto, el consentimiento del otro cónyuge y su deseo de conservar el matrimonio no equivalen a una facultad legal para impedir el divorcio.

Si el otro cónyuge no está de acuerdo con el divorcio

Uno de los cónyuges puede presentar la petición por su cuenta. Para ello no se requiere la firma del otro cónyuge aceptando la disolución del matrimonio.

Sin embargo, deben cumplirse los requisitos procesales. En particular, al menos uno de los cónyuges debe cumplir con el requisito de residencia en Florida durante los seis meses anteriores a la presentación de la petición.

Una vez iniciado el caso, los documentos judiciales deben notificarse formalmente a la otra parte. A partir de ese momento, el desarrollo del proceso depende menos de la postura de la persona frente al divorcio en sí y más de cómo responda a las pretensiones planteadas.

El cónyuge puede participar en el caso y disputar cuestiones relacionadas con bienes, deudas, pensión conyugal (alimony), el plan de crianza (parenting plan) o el tiempo compartido (time-sharing). En ese caso, el divorcio se convierte en contencioso (contested). Con frecuencia son precisamente estas cuestiones, y no el deseo de conservar el matrimonio, las que ocupan la mayor parte del proceso judicial.

Existe además una situación particular: el cónyuge presenta una respuesta a la petición y niega que el matrimonio esté irretrievably broken. Dependiendo de las circunstancias, la ley permite al tribunal aplazar el procedimiento hasta por tres meses, remitir a las partes a asesoramiento o adoptar otras medidas previstas por la ley.

Pero esto no concede a la otra parte un derecho indefinido a mantener a una persona dentro del matrimonio. Si el tribunal determina que el matrimonio está efectivamente irretrievably broken, puede dictar una sentencia definitiva de disolución del matrimonio.

«No voy a firmar nada». ¿Eso detendrá el caso?

No. Negarse a firmar y no prestar consentimiento, por sí solos, no detienen el proceso judicial.

Además, ignorar los documentos puede colocar a la parte demandada en una posición procesal menos favorable.
Después de la notificación formal de la petición, el cónyuge normalmente dispone de 20 días para presentar una respuesta. Si no lo hace, el peticionario puede solicitar que se declare la rebeldía (default) y continuar con el caso.

Este procedimiento está expresamente contemplado en los materiales de Florida Courts.

Por eso, la frase «no firmaré los documentos, así que no habrá divorcio» no tiene efecto jurídico en Florida.
La situación es distinta si la persona responde pero no está de acuerdo con las condiciones. Puede impugnar las pretensiones de la otra parte, presentar sus propios documentos y formular argumentos jurídicos. Como resultado, la controversia puede prolongarse, pero la cuestión pasa a ser en qué condiciones terminará el matrimonio, no si uno de los cónyuges puede vetar el divorcio en sí.

¿Puede un cónyuge impedir por completo el divorcio?

La ley de Florida no prevé tal mecanismo.

La legislación estatal eliminó varias defensas antiguas que históricamente se utilizaban en los procesos de divorcio. Sin embargo, el tribunal sigue obligado a cumplir el procedimiento previsto por la ley y a determinar que existe un fundamento legal para la disolución del matrimonio (dissolution of marriage).

En la práctica, conviene separar dos preguntas completamente distintas.

Primera: ¿es posible divorciarse sin el consentimiento del esposo o la esposa? Sí. El consentimiento del otro cónyuge no es un requisito legal.

Segunda: ¿siempre es posible terminar ese divorcio rápidamente y sin controversias? No necesariamente.

Si un cónyuge disputa la división de bienes, la pensión conyugal o cuestiones relacionadas con los hijos, el caso puede requerir negociaciones, divulgación de información financiera, presentación de pruebas y audiencias judiciales.

Qué hacer si el cónyuge se niega a participar en el divorcio

El principal error en esta situación es construir todo el proceso alrededor de los intentos de obtener el consentimiento del otro cónyuge.

Es mucho más importante presentar correctamente los documentos, garantizar una notificación formal adecuada y determinar con antelación qué cuestiones pueden convertirse en verdaderos puntos de controversia.

Si el cónyuge no responde, puede aplicarse un procedimiento por rebeldía (default procedure). Si responde y formula objeciones, el caso se tramita como contencioso. En ambos supuestos, la simple negativa a «dar el divorcio» no detiene el procedimiento.

Un abogado de derecho de familia en Florida puede evaluar las circunstancias concretas, determinar los pasos procesales siguientes y preparar la posición jurídica respecto de aquellas cuestiones sobre las que probablemente no sea posible llegar a un acuerdo.

En Florida, un cónyuge no puede obligar al otro a permanecer casado simplemente negándose a consentir el divorcio. Sin embargo, el desacuerdo sobre las condiciones del divorcio sí puede hacer que el proceso sea considerablemente más complejo, y conviene prepararse para ello con antelación.

En un divorcio, suele hablarse mucho de la vivienda, las cuentas bancarias y otros bienes. Sin embargo, en la práctica, las deudas generan no menos controversias. ¿Quién pagará la hipoteca? ¿Qué ocurrirá con una tarjeta de crédito que está únicamente a nombre de uno de los cónyuges? ¿Puede una persona seguir obligada por un préstamo después del divorcio, aunque el bien ya se haya transferido al exmarido o a la exesposa?

En Florida, estas cuestiones se resuelven conforme al principio de distribución equitativa: una división justa, aunque no necesariamente igualitaria.

Primero debe determinarse el origen de cada obligación. Algunas deudas son matrimoniales y están sujetas a distribución; otras siguen siendo obligaciones separadas. Las reglas principales se encuentran en la sección 61.075 de los Estatutos de Florida.

La distribución igualitaria se considera el punto de partida, pero una división 50/50 no es un resultado obligatorio en todos los casos.

El nombre que figura en la deuda no siempre es decisivo

Las deudas contraídas durante el matrimonio generalmente se consideran obligaciones matrimoniales. No es necesario que el crédito esté a nombre de ambos cónyuges.

Por ejemplo, una esposa abrió una tarjeta de crédito únicamente a su nombre. Durante varios años, los cónyuges la utilizaron para comprar muebles y electrodomésticos, pagar viajes y cubrir otros gastos familiares.

En un divorcio, afirmar simplemente que “la tarjeta está a nombre de la esposa” no bastará para que toda la deuda se considere automáticamente una obligación separada de ella. Importa cuándo y en qué circunstancias se originó la deuda.

La situación es distinta con las deudas que existían antes del matrimonio. La sección 61.075(6) de los Estatutos de Florida las clasifica como obligaciones separadas de uno de los cónyuges. Lo mismo puede aplicarse a las deudas que los cónyuges excluyeron previamente de las obligaciones matrimoniales mediante un acuerdo escrito.

La ley también contiene una regla específica para los casos de falsificación o uso no autorizado de una firma.

Imaginemos que el esposo obtuvo un préstamo sin el conocimiento de la esposa y firmó documentos en nombre de ella. Si la esposa no ratificó posteriormente esa firma, el mero hecho del matrimonio no convierte la deuda en una obligación matrimonial. La ley considera que dicha obligación es responsabilidad separada del cónyuge que falsificó la firma o la utilizó sin autorización.

¿Es obligatorio dividir las deudas por igual?

No. El tribunal parte de una distribución igualitaria, pero después examina las circunstancias del matrimonio concreto: la situación económica de los cónyuges, la duración del matrimonio, la contribución de cada parte y otros factores enumerados en la sección 61.075.

También puede tenerse en cuenta lo que ocurrió con los fondos matrimoniales poco antes del divorcio. Si uno de los cónyuges dilapidó intencionalmente los fondos matrimoniales o asumió obligaciones financieras injustificadas, esto puede influir en la distribución final.

Por lo tanto, el hecho de que los importes de las deudas sean iguales no dice nada, por sí solo, sobre el resultado del caso.

Aquí cobra importancia el historial de la deuda: cuándo se originó, para qué se utilizó el dinero y cómo las acciones de cada cónyuge afectaron las finanzas de la pareja.

El tribunal dividió la deuda. ¿Qué dirá el banco?

Esta es una cuestión distinta que puede pasarse por alto fácilmente. Una orden judicial regula la relación entre los cónyuges. Sin embargo, por sí sola, no modifica el contrato con el banco u otro acreedor.

Supongamos que, en el divorcio, el tribunal decide que el esposo debe pagar el saldo de un préstamo determinado. Si la esposa sigue figurando como prestataria en el contrato de préstamo, el banco no necesariamente dejará de considerarla parte de la obligación.

En los documentos del divorcio, la deuda ya ha sido distribuida entre los excónyuges. En su relación con el acreedor, la situación puede seguir siendo la misma.

Por eso, al distribuir las deudas, deben revisarse dos conjuntos de documentos: los términos del divorcio y el propio contrato de préstamo.

¿Qué ocurre con la hipoteca después del divorcio?

Este problema resulta especialmente evidente en el caso de una hipoteca. Imaginemos una familia que compró una vivienda conjuntamente hace varios años y obtuvo un préstamo hipotecario a nombre de ambos cónyuges. Después del divorcio, la vivienda queda en propiedad de la esposa.

El título de propiedad de la vivienda puede transferirse. Pero el nombre del esposo no desaparece automáticamente del contrato hipotecario solo porque, conforme a los términos del divorcio, la vivienda ahora pertenezca a su exesposa.

Como resultado, una persona puede dejar de ser propietaria del inmueble y, aun así, seguir obligada frente al banco.
Por eso, la vivienda y la hipoteca no pueden tratarse como dos cuestiones independientes. Al preparar los términos de la distribución, es importante entender de antemano qué ocurrirá no solo con el propio inmueble, sino también con el préstamo garantizado por este.

¿Hay que responder por las deudas del excónyuge?

No por todas. El mero hecho del matrimonio no hace que una persona sea responsable de cada decisión financiera de su esposo o esposa.

Cuando surge una controversia, debe analizarse cada obligación concreta: cuándo se originó la deuda, quién firmó los documentos, si estaba relacionada con el matrimonio y si existen motivos para considerarla separada.

Si el tribunal clasifica una obligación como matrimonial, a continuación debe decidirse cómo distribuirla. Si la deuda es separada, por lo general permanece a cargo del cónyuge al que corresponde.

Si el tribunal se aparta de una distribución igualitaria, debe explicar por qué las circunstancias del caso exigen un resultado distinto.

¿Qué conviene revisar antes de firmar un acuerdo de distribución?

Cuando existe una hipoteca, varios préstamos o una deuda considerable en tarjetas de crédito, conviene reunir algo más que una lista de importes.

Se necesitarán los contratos, los estados de cuenta, los saldos pendientes y los documentos que permitan entender el historial de cada préstamo.

A veces, esta revisión revela un problema que los cónyuges no advirtieron al principio: ya han “dividido” la deuda entre ellos, pero ambos siguen obligados frente al banco.

Un abogado de divorcio en Florida puede ayudar a determinar qué deudas son matrimoniales, si existen motivos para una distribución desigual y cómo funcionarán los términos propuestos una vez finalizado el divorcio.

Es mejor aclararlo antes de firmar un acuerdo que descubrir más tarde que, para el acreedor, la obligación del excónyuge sigue siendo también la suya.