Durante el divorcio, uno de los principales problemas de los ex cónyuges es la división de sus bienes. Para comprender quién y qué tiene derecho a la ley, es necesario tener en cuenta muchos aspectos. La mayoría de los estados tienen un sistema de distribución de equidad en el que la propiedad adquirida por los cónyuges durante el matrimonio es propiedad conjunta de ambos. El concepto de justicia, sin embargo, no implica necesariamente una división exactamente a la mitad, ya que en presencia de ciertos factores, el tribunal puede desviarse del principio de igualdad de acciones y otorgar beneficios materiales adicionales a uno de los cónyuges. El tribunal basa su decisión en tener en cuenta todos los aspectos del matrimonio, como la duración, la edad y la salud de los cónyuges, su capacidad para mantener económicamente su futuro, la responsabilidad hacia los hijos menores, etc. El tribunal tendrá en cuenta estas circunstancias al decidir sobre la división de la propiedad en caso de divorcio.
El dinero y los bienes de los cónyuges, según el estado, se dividen de dos formas. En la mayoría de los estados (llamado estado de distribución equitativa), solo se comparte la propiedad conyugal, sin incluir regalos ni herencias.
En otros estados (estado de propiedad comunitaria), todo lo que esté disponible en el momento del divorcio debe dividirse.
Por lo tanto, dependiendo del estado o país de su residencia, debe consultar con un abogado en ejercicio en ese estado / país.
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Los ciudadanos tienen derecho a dividir la propiedad durante el matrimonio mediante la celebración de un contrato matrimonial y al divorciarse, mediante un acuerdo sobre la división de la propiedad o mediante un tribunal, si no es posible llegar a un compromiso en la etapa previa al juicio. Además, los ex cónyuges pueden comenzar la división de la propiedad después de la disolución real del matrimonio.
Tras el divorcio, no solo se comparten los derechos, sino también las obligaciones, en particular los préstamos, si la parte prueba que estos fondos se tomaron para las necesidades de la familia.
Estas y otras características deben tenerse en cuenta para una división legalmente competente de la propiedad conjunta de los cónyuges.
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